ABAJO EL ACUERDO TRUMP-MADURO! ¡FUERA LA DICTADURA Y CHEVRON DE VENEZUELA!

EL 31 DE ENERO DE 2025 LA DICTADURA DE MADURO SELLÓ UN ACUERDO CON RICHARD GRENELL, REPRESENTANTE DEL NUEVO GOBIERNO NORTEAMERICANO DE DONALD TRUMP, POR EL CUAL, A CAMBIO DE SEGUIR EXPLOTANDO EL PETRÓLEO VENEZOLANO, TRUMP DARÁ APOYO A LA DICTADURA. LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE VENEZUELA JUNTO A LOS PUEBLOS DEL MUNDO DEBEMOS RECHAZAR ESTE ACUERDO ENTREGUISTA E IMPERIALISTA HECHO POR LA DICTADURA EN BENEFICIO DE LOS MILLONARIOS DUEÑOS DE LAS MULTINACIONALES IMPERIALISTAS.

MIENTRAS LA OPOSITORA REPRESENTANTE DE LA MESA DE LA UNIDAD DEMOCRÁTICA (MUD), MARÍA CORINA MACHADO, HACE SILENCIO SOBRE ESTE ACUERDO, DENUNCIAMOS AL CHAVISMO DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA (PSUV) Y AL 99% DE LA IZQUIERDA MUNDIAL, LOS SOCIALDEMÓCRATAS, ESTALINISTAS, EX-GUERRILLEROS Y NACIONALISTAS-BURGUESES QUE HACEN SILENCIO SOBRE ESTE ACUERDO PORQUE DEFIENDEN LA DICTADURA. ¡BASTA DE CHAVISMO Y DE LA IZQUIERDA TRAIDORA! DESDE LA MARX VENEZUELA VENIMOS DENUNCIANDO QUE MADURO Y EL PSUV NO ES "SOCIALISTA", NI "ANTIIMPERIALISTA", ES UNA DICTADURA CAPITALISTA, Y AHORA ESTE ACUERDO TRUMP-MADURO LO CONFIRMA.

LLAMAMOS A LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO DE VENEZUELA Y DEL MUNDO A UNIRNOS BAJO EL GRITO DE ¡ABAJO EL ACUERDO TRUMP-MADURO! ¡FUERA LA DICTADURA Y CHEVRON DE VENEZUELA!

Por La Marx Internacional y La Marx Venezuela

Un acuerdo imperialista contra el pueblo de Venezuela

El lunes 20 de enero, al asumir su segundo mandato, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su compromiso con la salida del dictador Nicolás Maduro del poder. Ante la pregunta de los periodistas el presidente republicano dijo que "probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela. No lo necesitamos".

Once días después, el viernes 31 de enero, el dictador venezolano recibía en Caracas a Richard Grenell, enviado especial del nuevo gobierno. Tras esta reunión, el gobierno de Donald Trump, da un giro a su discurso y a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, renovó de manera automática la licencia número 41.

Esta licencia, de la cual hablaremos más adelante, le permite a la petrolera estadounidense Chevron seguir operando en Venezuela. De esta manera la empresa puede continuar con los cinco proyectos petroleros que tiene en el país conjuntamente con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

Para Maduro es muy importante que Chevron siga operando en Venezuela. Esta petrolera le da a la dictadura cada año centenares de millones de dólares. Si Chevron y Repsol se fueran de Venezuela por decisión del gobierno de Trump, el golpe a la dictadura y a sus ingresos de divisas por venta de petróleo al mundo, sería terrible.

La prensa venezolana partidaria del régimen, como Globovisión y El Universal, estaba encantada, festejaban que Trump había renovado automáticamente la licencia petrolera de Chevron. Para la estatal Venezolana de Televisión (VTV), se trata de un "momento histórico" para "la diplomacia bolivariana". Según VTV se plantea "retomar nuevamente el diálogo" y establecer una "hoja de ruta" con miras a una relación "abierta".

Aunque la renovación es automática hasta el mes de abril, la acción se da en el marco de un acuerdo donde la dictadura de Maduro se compromete sin condiciones a recibir todos los vuelos con deportados venezolanos, y no solo recibirlos sino que también va a mandar aviones a recogerlos. Adicionalmente, Maduro, se compromete a liberar, como ya ha liberado a seis, a los estadounidenses detenidos en Venezuela. Si Maduro cumple con su parte, Trump, por su "buena conducta", le renueva la licencia el primer día de cada mes a Chevron.

Nada bueno puede ofrecerles a los venezolanos este acuerdo entre los oligarcas de la dictadura de Maduro, y los oligarcas millonarios de Texas que manejan Chevron. Mientras estos millonarios sigan engordando su billetera con el saqueo de las riquezas de Venezuela, el pueblo venezolano seguirá ganando salarios miserables, sufriendo una represión brutal y la tortura para aplastar a quienes se opongan al hambre y la pobreza a que los condena la dictadura.

La anulación de la extensión del programa TPS

Hay otro elemento detrás de este acuerdo que también es de extrema gravedad; ya que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anuló la ampliación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hecha por su predecesor en el gobierno anterior, Alejandro Mayorkas, antes de dejar el cargo.

El TPS es un programa que se creó en el 2021 durante el gobierno de Joe Biden para proteger de la deportación a cientos de miles de migrantes venezolanos en EE.UU., garantizando su estancia legal en el país y otorgando permisos de trabajo. Para entonces, argumentaron que el país vivía una "severa emergencia humanitaria" generada por el gobierno de Nicolás Maduro. La extensión del TPS por 18 meses del anterior gobierno garantizaba la estancia legal en el país y permisos de trabajo para unos 600.000 venezolanos.

Su anulación afecta a los migrantes que ingresaron a partir del 2023, según The Washington Post se trata de unos 350.000 venezolanos (*). Una vez vencido el TPS pasan solo 50 días y ya pueden ser capturados y deportados. Según clarificó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) esta medida no afecta a quienes entraron en el TPS designado en 2021 y que ellos quedarán protegidos hasta el término de su fecha (10 de septiembre de 2025).

En 2022, cuando era senador, el ahora secretario de Estado, Marco Rubio, aseguraba en un escrito que forzar a los venezolanos a regresar a su país sería "una verdadera sentencia de muerte".

El gobierno de Trump utiliza como bandera para justificar las deportaciones a los miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua. Pero según un reporte de NBC News, el Departamento de Seguridad Nacional solo ha identificado la insignificante cifra de entre 100 y 600 migrantes con posibles conexiones con la banda venezolana.

La secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, hizo referencia a este grupo en una entrevista con Fox News. "Ayer estuve en Nueva York y la gente de este país quiere esta basura fuera. Quieren que sus comunidades estén seguras. Fue increíble ver a la gente caminar junto a nosotros en la calle temprano en la mañana y darnos las gracias", señaló Noem.

Si se concreta esta orden la consecuencia directa será que Trump comience a mandar deportados venezolanos en números aluvionales, no van a ser unos pocos miles, van a ser centenares de miles. Y los manda, además, según ha ofrecido Maduro, en aviones venezolanos. Frente a este hecho, que puede transformarse en una verdadera crisis humanitaria, hay una verdadera complicidad de ambos gobiernos, aquí no hay diferencias. Ambos mandatarios se han puesto de acuerdo en una acción que pisotea al pueblo venezolano.

Como vemos, el acuerdo Trump-Maduro, no solo profundiza la pobreza y la desigualdad capitalista, sino que promueve la represión del pueblo venezolano. Esto desnuda las mentiras de "payasos" como el presidente de Argentina, Javier Milei, aliado de Trump, que dice estar a favor de la "libertad" del pueblo de Venezuela. Miles de Venezolanos van a ser deportados sin haber cometido ningún crimen en EE.UU., solo por no tener los papeles en regla, por ser, como dicen los voceros de Trump, "ilegales", para que sean reprimidos y encarcelados por la dictadura de Maduro.

(*) https://www.washingtonpost.com/immigration/2025/02/02/venezuela-tps-immigration-trump-noem/

Las sanciones económicas del imperialismo

El imperialismo y las clases dominantes acomodan su política de acuerdo a los distintos momentos de la lucha de clases. Cuando el pueblo venezolano se vuelca a las calles en grandes movilizaciones contra la dictadura, los gobiernos imperialistas dicen "apoyar" sus reclamos, pero por detrás acuerdan con la dictadura intentando frenar la revolución del pueblo.

Tal es así que las sanciones contra el petróleo y gas comenzaron en uno de los picos más altos de las movilizaciones: las protestas de 2017. Estas sanciones fueron llevadas adelante por el primer gobierno de Donald Trump, en agosto de 2017, y eran medidas sectoriales que prohibían a los bancos de EE.UU. comprar bonos del Gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. A su vez limitaban las transacciones con bonos existentes propiedad del sector público venezolano. Ese año Venezuela entró en default en sus pagos de deuda.

En enero de 2019 se desataron nuevamente masivas movilizaciones contra la ya consolidada dictadura de Maduro. Estas protestas fueron utilizadas por Juan Guaidó para autoproclamarse presidente del país, a la vez que Washington lo reconocía como presidente interino. En respuesta el gobierno de Trump anunció sanciones contra PDVSA, por lo cual cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de EE.UU. haría que todo el dinero se depositase en cuentas bloqueadas. Por primera vez se suspendía el intercambio petrolero entre Venezuela y los EE.UU., un tradicional cliente y pagador de la petrolera sudamericana que le despachaba entonces unos 500.000 barriles diarios.

A estas sanciones conocidas como "primarias" se le sumaron las llamadas "sanciones secundarias" que vetaban en el sistema financiero estadounidense a ciudadanos y entidades extranjeras que "asistan materialmente, patrocinen o proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al sancionado Gobierno de Venezuela" (*). Esta sanción complicó aún más a PDVSA y llevó al país a recurrir al mercado negro de petróleo, comerciando el crudo con grandes descuentos y a tretas como el uso de buques fantasma para asegurar la venta o el trueque por mercancías o derivados de hidrocarburos. Es en este periodo que la dictadura capitalista China se transformó en el principal socio comercial permitiendo sobrevivir al régimen. Para el 2023 China representaba el 68% de las exportaciones y Estados Unidos el 23%.

Toda la política de Guaidó y la oposición burguesa fracasó, al igual que fracasa en este momento la política de María Corina Machado. Esto se debe al temor que tienen estos sectores burgueses en desarrollar una movilización contundente contra la dictadura, por miedo a que termine rebasando los límites del capitalismo y desemboque en una revolución obrera y popular, que no puedan frenar y se los lleve puestos a ellos también. La política "pacifista" y "desmovilizadora" de Guaidó ayudó a la dictadura a superar las movilizaciones, con lo cual el imperialismo tuvo que negociar con el régimen.

Es así que el 17 de octubre de 2023, en una reunión en Bridgetown (Barbados), se firma el Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos, conocido como Acuerdo de Barbados, entre el gobierno y la oposición de la Plataforma Unitaria de Venezuela. Este tenía dos puntos fundamentales:

1.- La promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para el próximo proceso comicial presidencial de 2024.

2.- La protección de los intereses vitales de la nación en relación con los activos de la república en el exterior (activos de Citgo) y la defensa de la integridad territorial venezolana y la soberanía nacional (disputa del Esequibo).

En respuesta a este compromiso multilateral, por hacer avances en la "restauración democrática", el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la suspensión de algunas sanciones, entre ellas las petroleras. Esto se conoció como la licencia 44 que permitía a la mayoría de las compañías petroleras estadounidenses hacer negocios en Venezuela, así como también autorizaba a PDVSA a vender su petróleo en Estados Unidos y utilizar su sistema financiero para pagar a acreedores y cobrar deudas. A los pocos días del acuerdo el gobierno de Venezuela le otorgó licencias por 30 años a la Shell y la NGC para producir gas natural frente a la costa venezolana.

Pero la realidad es que se trataba de una maniobra para profundizar los negocios de las petroleras yanquis y europeas en Venezuela, porque el gobierno (Biden) de Estados Unidos sabía perfectamente que era imposible que, la profundamente corroída y desprestigiada dictadura de Maduro, concediera elecciones limpias o una apertura democrática.

Es a partir del Acuerdo de Barbados que volvió a entrar con fuerza la "oligarquía petrolera de Texas", para recuperar el terreno perdido y salvar al gobierno de Biden. Así lo confirmaba el presidente de la Asociación Latinoamericana de Empresarios Petroleros de Texas (ALEP), Alejandro Terán, declarando para una agencia de noticias que "El venidero invierno de 2024 puede pues convertirse en el invierno de 1971, cuando los norteamericanos pasaron realmente unas navidades muy frías. El incremento del consumo de Texas y del aparato del Estado con miras a unas elecciones a finales de este año, coloca a los EEUU en un boom económico y necesita cubrir su cuota petrolera". Y en ese sentido "vamos a hacer una inversión importante en más de 16.000 pozos petroleros para que en los próximos tres años Venezuela alcance la producción de 3.250.000 bpd, recuperando así el 80% de su capacidad" (**).

(*) https://ve.usembassy.gov/es/orden-ejecutiva-bloqueo-de-bienes-del-gobierno-de-venezuela/
(**) https://www.eluniversal.com/economia/184055/empresarios-petroleros-de-texas-firmaron-acuerdo-con-pdvsa-para-incrementar-produccion

Los lucrativos beneficios de la Licencia 41

El 18 de abril de 2024 se vence la licencia 44 y el gobierno Biden no permite su renovación, por no haber avances en la "restauración democrática" acordada en Barbados. De esta manera reinstauraba las sanciones al petróleo y gas (suspendidas por seis meses). Pese al vencimiento de la Licencia 44, la estadounidense Chevron, principal petrolera que opera en el país, puede seguir trabajando por un tiempo más, ya que lo hace bajo otra autorización, la Licencia 41 (concedida en noviembre de 2022 y que se renueva cada 6 meses), de la cual el Departamento del Tesoro no daba declaraciones específicas sobre su futuro.

La Licencia 41 señala que Chevron tiene prohibido el pago de regalías e impuestos al gobierno de Venezuela, sin embargo el gobierno de Maduro recibe beneficios millonarios. La razón por la cual sucede esto es porque pagos de impuestos y regalías no los hace Chevron sino las empresas mixtas en las que está asociada con PDVSA. La empresa mixta le traslada la operación a Chevron, Chevron exporta el petróleo para obtener un ingreso petrolero que luego traslada a la empresa mixta y esta es la que paga las regalías e impuestos de extracción.

Estas operaciones están al amparo de la Ley Antibloqueo aprobada en 2020 por la Asamblea Constituyente. Aclaremos que este organismo es un "parlamento paralelo" que responde  completamente al chavismo y que se creó en el 2017 para reemplazar a la Asamblea Nacional, momento en el cual se implanta la dictadura. La Ley Antibloqueo concentra los poderes en la presidencia y tiene como aspectos fundamentales la posibilidad de desaplicar otras leyes y efectuar transacciones de forma confidencial. De esta manera los contratos de Chevron son suscriptos al amparo de esta confidencialidad y por ende todos los expedientes son reservados y no hay transparencia en las operaciones.

Todo esto bajo la complicidad del gobierno de EE.UU., ya que desde el principio, la administración de Joe Biden, consideró a la Asamblea Constituyente, que aprobó la Ley Antibloqueo, como "el producto ilegítimo de un proceso irregular, que fue concebido por la dictadura de Maduro para avanzar con su avasallamiento de la democracia" (*).

La Licencia 41 no es un permiso menor. Para agosto de 2024 las exportaciones de petróleo alcanzaban su nivel más alto en más de 4 años. PDVSA y empresas mixtas con Chevron y la española Repsol exportaron un promedio de casi 885.000 barriles por día (bpd) de crudo y combustible, 50% más que el mes anterior y 62% por encima del mismo mes de 2023, según datos basados en los movimientos tanqueros (**).

Las exportaciones de crudo de Chevron a sus propias refinerías estadounidenses y otros clientes alcanzaban los 227.000 bpd, el segundo mayor promedio mensual del 2024. Repsol, por su parte, envió unos 86.000 bpd a Estados Unidos y Europa, por debajo de los 102.000 bpd de julio, según los datos. Pero en agosto de 2024 las importaciones españolas de petróleo venezolano ya habían superado el total de 2023, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Medio Ambiente español ¡Todo esto gracias a la bendita Licencia 41!

(*) https://cl.usembassy.gov/es/asamblea-nacional-constituyente-ilegitima-de-venezuela/
(**) https://www.lanacion.com.ar/agencias/exportaciones-petroleras-de-venezuela-suben-en-agosto-a-maximo-de-cuatro-anos-nid05092024/

Chevron: combustible para la dictadura

En la historia reciente de los Estados Unidos se intercambian los gobiernos de demócratas y republicanos. Los primeros con un discurso de corte "progresista" y los segundos con un discurso de corte "reaccionario", aparentando, desde las palabras, tener intereses opuestos. Pero una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad objetiva: la que se observa en ese complejo entramado de acuerdos económicos y comerciales, principalmente alrededor de la actividad petrolera que constituye más del 90% de los ingresos de Venezuela. En esta realidad ambos sectores sostienen el continuo saqueo del país venezolano y ambos son igual de benevolentes con la dictadura de Maduro. El caso de Chevron es el ABC de este accionar.

Durante el gobierno de Hugo Chávez se obligó a las empresas petroleras a migrar a un sistema de empresas mixtas, en las cuales podían seguir operando en el país pero tuteladas con una mayoría accionaria de PDVSA. Chevron, British Petroleum, Statoil y Total aceptaron los términos mientras que Conoco y Exxon Movil no lo hicieron y a raíz de esto fueron expropiadas y se retiraron de Venezuela.

En ese momento PDVSA pasó a ser el mayor accionista, con un 60 por ciento, de todos los proyectos de Chevron, empresa que lleva 101 años operando en Venezuela (desde 1923). Además le exigieron que les financiaran la parte estatal de PDVSA. Pero como los precios internacionales seguían siendo altísimos Chevron acordó y siguió en Venezuela.

En el 2017 comenzaron las sanciones del gobierno Trump que mencionamos anteriormente y la compañía entró en un periodo de estancamiento en el cual redujo drásticamente sus operaciones, y se dedicó al mantenimiento de los campos petroleros y las maquinarias propias.

Luego vino el gobierno de Joe Biden a la par que se desataba la Guerra de Ucrania. En respuesta a la invasión el gobierno estadounidense anunciaba la prohibición de la importación de petróleo y productos refinados rusos en puertos y territorios estadounidenses. Sobre la medida Biden declaraba que "Este es un paso que damos para infligir más dolor a Putin. Pero también habrá costos aquí en los Estados Unidos. Defender la libertad va a costar y nos costará a nosotros también en los Estados Unidos" (*). Y en comunicado La Casa Blanca se decía que "El año pasado, Estados Unidos importó cerca de 700.000 barriles por día de crudo y productos de petróleo refinado procedentes de Rusia; esta medida privará anualmente a Rusia de miles de millones de dólares en ingresos provenientes de consumidores y conductores estadounidenses." (**)

Pero el nuevo gobierno temía la interrupción del suministro mundial de petróleo con lo cual dio un viraje relámpago: al mismo tiempo que sancionaba al petróleo ruso el gobierno Biden volvía a mirar con renovado interés al crudo venezolano. Se cambiaba un dictador rico en petróleo por otro.

Es así que en noviembre de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le otorga a Chevron una licencia por 6 meses, la LG41, para que pueda exportar crudo únicamente a EE.UU., aunque no le permitía perforar nuevos pozos. En un estudio de esta nefasta licencia se reveló una entrega de la gestión de las actividades primarias a la transnacional, incluyendo la producción y comercialización del petróleo; esto viola la Constitución capitalista del país y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (***). A pesar de la retórica antiimperialista, el gobierno de Maduro fue partícipe directo de esta negociación.

Esta política de "pragmatismo energético", le permitió a Chevron negociar un nuevo contrato con PDVSA a partir del cual pudo tomar el control total de las operaciones de la empresa relegando a la estatal. Se estima que la empresa conjunta que tiene Chevron con la estatal Petróleos de Venezuela SA. genera casi un tercio de los ingresos petroleros totales del gobierno, proporcionando un apoyo financiero que necesita desesperadamente la dictadura. Montado a la cabeza de tan lucrativo negocio el presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, declaraba en nombre de la empresa petrolera que "seguimos siendo apolíticos en Venezuela y en otros países."

Este nuevo apartado de "favores" en la interminable historia del saqueo a Venezuela fue presentado al mundo por la administración Biden bajo la excusa del reinicio del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

El 20 de septiembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia en el Congreso de EE.UU. con el objetivo de revisar las licencias comerciales de Chevron en Venezuela, titulada "Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela". En esta audiencia la legisladora republicana María Elvira Salazar denunció el accionar del gobierno Biden enfrentando al subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan. En un momento la legisladora le pregunta "¿Por qué usted, el Departamento de Estado, renovó la licencia de Chevron 33 días después de que Maduro hiciera todo lo que ustedes describieron? Tiene que haber una razón. ¿La Casa Blanca lo presionó? ¿Llamaron y dijeron: oye, necesitamos petróleo gratis y barato?" (****). En un cuadro técnico situado detrás de Salazar se mostraba la producción de barriles de Chevron en Venezuela, se establecía que en dos años de licencia la empresa había ganado 4.999.680.000 millones de dólares.

En la actualidad la estatal PDVSA produce sola poco menos de la mitad del petróleo venezolano, la otra mitad se concentra en tres grandes empresas que son Chevron, la empresa estatal China CNPC y la empresa estatal rusa. Luego hay una pequeña participación de empresas europeas como Repsol. Chevron representa casi la cuarta parte de la producción de crudo en Venezuela.

Cuando Chávez llegó al poder Venezuela producía 3.4 millones de barriles diarios. Para el momento en que se imponen las sanciones (2017) producía 1.3 millones, lo que demuestra que en el momento de mayores ganancias petroleras de la historia reciente, y sin sanciones de por medio, la gestión del "Socialismo del Siglo XXI" no hizo inversiones en el sector, por el contrario, lo destruyó sistemáticamente. Luego la producción cayó en su peor momento con 500.000 barriles diarios y posterior a la pandemia tuvo una recuperación pasando a 850.000 barriles. En los últimos años la producción ha subido unos 160 mil barriles, de ese total el 80% es de Chevron, significando un aumento de la producción del 100% para la multinacional estadounidense.

A pesar de los continuos vaivenes, las ganancias y el saqueo de Chevron se siguen sosteniendo en Venezuela, siendo un claro ejemplo de la hipocresía de los discursos del gobierno de Maduro y del imperialismo yanqui. Lo que hay detrás de este circo es un gran acuerdo por parte de ambos países en sostener un muy lucrativo negocio capitalista por encima de todo. A EE.UU. solo le importa la estabilidad política y social del país en el sentido de que le permita seguir saqueando sus recursos. Hace todo lo posible por sostener al gobierno de Maduro sin importar las violaciones a los derechos humanos, porque sabe que, en última instancia, su férreo control de la clase obrera es la garantía de su superexplotación. Algo que quizás un hipotético gobierno de la Mesa de Unidad Opositora no pueda garantizar. Y viceversa, el gobierno de Maduro no enfrenta a las multinacionales yanquis porque depende de sus inversiones.

Ambos gobiernos se sostienen mutuamente encubiertos bajo una cortina de teatralidad retórica que nos presentan como una batalla de izquierda vs derecha, de socialismo vs capitalismo. Pero la realidad nos demuestra otra cosa, que de un lado se encuentra la mayor potencia imperialista y capitalista mundial sosteniendo a un gobierno dictatorial y lacayo a su servicio, representante de un capitalismo semicolonial y completamente dependiente; del otro lado se encuentran las mayorías populares estranguladas por la dictadura, luchando por llevar un poco de comida a la mesa.

(*) https://econojournal.com.ar/2022/03/el-juego-a-dos-bandas-de-estados-unidos-prohibe-las-importaciones-de-crudo-ruso-mientras-se-acerca-a-venezuela-por-petroleo/
(**) https://cl.usembassy.gov/es/ficha-informativa-estados-unidos-prohibe-la-importacion-de-petroleo-gas-natural-licuado-y-carbon-de-rusia/
(***) https://www.elnacional.com/opinion/la-licencia-n-41-a-chevron-es-la-privatizacion-disfrazada-de-pdvsa/
(****) https://www.infobae.com/estados-unidos/2024/09/20/fuerte-debate-en-el-congreso-de-estados-unidos-por-los-negocios-petroleros-de-chevron-con-la-dictadura-de-maduro/

La burguesía petrolera de Texas

La Asociación Latinoamericana de empresarios petroleros en Texas (ALEP), organismo que nuclea a los inversionistas latinoamericanos del sector petróleo y gas de Texas, se anticipó al segundo mandato de Donald Trump para pedir por el retiro de las sanciones económicas impuestas en Venezuela y Cuba. En la misiva dirigida al electo presidente le comunican que "las sanciones que se han impuesto a los países como Venezuela y Cuba han permitido que organizaciones como los BRICS, China, india, Rusia entre otros tomen control de las materias primas de dichos países y se han convertido en compradores importantes de dichos materiales." Y continúa diciendo que "Los problemas políticos de cada país son de cada país, nosotros necesitamos recuperar los negocios petroleros con Venezuela, con quien tenemos una relación de más de 12 años." (...) Creo debemos acercarnos al gobierno de Venezuela a su presidente electo Nicolás Maduro y crear un acuerdo energético que permita el regreso de la inmigración Venezolana, y la tomar nuevamente del nuestro mercado natural, de lo contrarios los tigres asiáticos harán lo propio y podemos perder ese importante proveedor energético." (*)

Como vemos a la burguesía petrolera estadounidense no le interesa que se violen sistemáticamente los derechos humanos, lo importante es sostener los negocios millonarios a costa del saqueo de Venezuela. Demócratas o Republicanos, no importa el ropaje, esta oligarquía petrolera ya venía haciendo lo mismo con el gobierno Biden, exigiéndole que revierta las sanciones para "hacer una inversión importante en más de 16.000 pozos petroleros para que en los próximos tres años Venezuela alcance la producción de 3.250.000 bpd, recuperando así el 80% de su capacidad" (**). Es por eso que tampoco tuvieron inconvenientes en emitir un comunicado dirigido a Nicolás Maduro para felicitarlo por el triunfo en las elecciones.

El director general y vocero de la ALEP, Alejandro Terán Martínez, en una entrevista para la cadena Sputnik nos deja en palabras esclarecedoras las verdaderas razones por la cual están tan interesados en el negocio petrolero en el país sudamericano. Según Martínez "El nuevo Gobierno de Trump, con un Chris Wright [nuevo secretario de Energía] en el poder, le va a dar al mercado energético norteamericano un equilibrio que necesita, porque el costo de producción de barril en Texas es de 45 dólares y el costo de producción en Venezuela es de 7. Entonces, tiene una diferencia de más de 30 dólares por barril, pero aparte de eso, a cuatro días estratégicamente colocados del golfo de México y con una infraestructura venezolana de pesa en el puerto de Galveston, que es capaz de cargar hasta 3 millones de dólares diarios de petróleo. Entonces, esa infraestructura, ese traje a la medida, como tú lo quieras llamar, fue elaborado exclusivamente para Texas. Desmontar eso son 10 años y casi 100 millones de dólares. No hay manera de hacerlo". (***)

La columna vertebral de los bajos "costos de producción" de Venezuela, y que Terán prefiere no nombrar, es un régimen de explotación brutal imposible de aplicar en suelo estadounidense, y además está completamente asegurado por un control férreo de la clase obrera por parte de una dictadura sangrienta. Es el negocio perfecto para los petroleros de Texas y el imperialismo. Mientras la izquierda mundial (al igual que los medios burgueses) miente diciendo que Venezuela es "socialista" y "antiimperialista", la realidad es que la propia burguesía imperialista texana reconoce que la dictadura de Maduro ha sido por demás efectiva en extraer la mayor tasa de plusvalía de los trabajadores de la industria petrolera. Todo esto, claro está, en base a una bestial represión, masacres, tortura y el exilio forzado de millones de venezolanos.

(*) https://observatorio.gob.ve/petroleros-de-texas-aconsejan-a-trump-levantar-sanciones-contra-venezuela-y-cuba/
(**) https://www.eluniversal.com/economia/184055/empresarios-petroleros-de-texas-firmaron-acuerdo-con-pdvsa-para-incrementar-produccion
(***) https://www.aporrea.org/venezuelaexterior/n398759.html

China y Rusia: socios menores del saqueo imperialista

Las dictaduras capitalistas de China y Rusia han avanzado en negocios de explotación, préstamos e inversiones en Venezuela, los cuales son presentados por la gran mayoría de la izquierda como actos "antiimperialistas" de rebelión contra Estados Unidos. Pero la realidad dista mucho de esto, se podría decir que es diametralmente opuesta.

Los lazos que unen los regímenes dictatoriales de Rusia y China con la dictadura de Venezuela, no son ideológicos ni humanísticos. Tampoco son estratégicos-militares (debido a su cercanía con EE.UU.). Estos son lobbies que utilizan los "propagandistas de la tercera guerra mundial", la izquierda traidora que apoya dictaduras y los voceros de la burguesía y el imperialismo.

¿Acaso las dictaduras de Putin o Xi Jinping le han propuesto a Maduro que rompa relaciones con EE.UU.? ¿Acaso le han propuesto que rompa los acuerdos de Texas y Chevron? Nada de eso. La realidad es que China y Rusia han intervenido en carácter de socios menores del imperialismo, avanzando en negocios de explotación. Sostienen a la dictadura para beneficiarse, al igual que lo hace la burguesía de Texas, de la alta tasa de explotación. La intervención de estas dictaduras es al servicio de consolidar el capitalismo venezolano supliendo las carencias de préstamos, de infraestructura o comerciales que necesita para sobrevivir a los continuos vaivenes del imperialismo.

Ni la intervención de Xi Jinping, ni la de Putin estuvo al servicio de modificar la estructura social de Venezuela, de favorecer al pueblo pobre, ni de enfrentar al imperialismo de EE.UU. Al igual que el imperialismo yanqui estos gobiernos canallas de dedican a saquear los recursos naturales de Venezuela y consolidar su status de semicolonia, ya sea por la vía directa de la explotación o por vía indirecta mediante créditos e inversiones.

Para tener una idea, hacia el 2019, diferentes fuentes aseguraban que Venezuela tenía compromisos financieros con ambas dictaduras que sumaban 45.000 millones de dólares: 40.000 millones al país asiático y 5.000 millones con el Kremlin. Otras fuentes indicaban que la suma era mayor y que estaba por encima de los 67.000 millones. China y Rusia quieren mantener a Maduro en el poder, no solo para poder seguir saqueando los recursos del país caribeño, sino para poder garantizar el pago de estos compromisos.

En lo que la prensa burguesa llama "inversiones" nosotros vemos saqueo ¿Acaso ser "progresista" o "antiimperialista" es alentar el saqueo Chino y Ruso por ser en "detrimento" de los Estados Unidos? ¿Acaso el pueblo pobre de Venezuela que gana tres miseros dólares mensuales no sufre las consecuencias de rifar el país a estas dictaduras igual de canallas que la dictadura de Maduro? Está claro que para la gran mayoría de la izquierda mundial el pueblo trabajador de Venezuela no tiene ningún valor, es un actor secundario, una mera pieza en un tablero de ajedrez mundial.

La deuda con la dictadura capitalista China

Entre 2003 y 2017, Venezuela acordó con China 17 proyectos que contabilizaban una inversión de 22.000 millones de dólares (*). Estos proyectos estaban destinados a la construcción de trenes, viviendas, distribución de agua potable, llevar un satélite al espacio, procesamiento de arroz, plantas eléctricas, una refinería, un acueducto, etc. Todos estos proyectos resultaron fallidos e inconclusos, en el mejor de los casos funcionando a menos de la mitad de su capacidad. El sobreprecio, la incapacidad, la corrupción y dejadez en cada uno de estos proyectos ha sido tan disparatado que, por citar un ejemplo, el satélite Simón Bolívar (VENESAT-1) terminó literalmente perdido en el espacio.

Además, entre 2008 y 2015, China ha invertido unos 59.000 millones de dólares en préstamos respaldados con petróleo, convirtiéndose en el principal acreedor de Venezuela. Para tener una idea, China invirtió en este país el doble de lo que invirtió en Brasil (32.000 millones), según datos de 2023 del Centro de estudios Diálogo Interamericano.

Este préstamo fue dilapidado en proyectos faraónicos ferroviarios (en asociación con la empresa china Railway Engineering Corporation), que nunca fueron terminados y que hoy son ruinas. En el presente la deuda con China se calcula en torno a los 15.000 millones de dólares, compromiso que el Estado venezolano sigue pagando con crudo.

Luego de que EE.UU. impusiera las sanciones contra Venezuela en 2019, el gobierno chino tomó medidas para reducir el riesgo al que se exponían sus empresas —especialmente de aquellas que operan de forma global como la China National Petroleum Corporation (CNPC)—, ya que podían verse perjudicadas. "Entonces, China intentó seguir comprando petróleo venezolano, pero de forma disimulada. Usaban compañías independientes que llevaban el crudo hasta la costa de Malasia y allí lo transferían a otro barco antes de importarlo a China". (**)

Según la agencia Reuters, luego de la introducción de las sanciones en 2019, hubo empresas privadas y refinadores que se dedicaron a comprar petróleo venezolano que mezclaban y recertificaban para hacerlo pasar como malasio al momento de exportarlo a China. "Ha sido una ayuda continua. La compra de petróleo por parte de China ha dado cierta liquidez al régimen de Maduro, ayudando a garantizar que tenga algo de dinero". (**)

Y no hay que dejar de señalar que China es proveedor, al igual que Rusia, de armamento. Material que no es utilizado para defender el territorio nacional, sino que es utilizado centralmente en la represión y control de las manifestaciones. Como por ejemplo los conocidos por los manifestantes como "hipopótamos", blindados ligeros VN-4 de fabricación china utilizados por la Guardia Nacional Bolivariana.

También provee tecnología de vigilancia y ciberseguridad que es utilizada por la dictadura de Maduro para controlar a los opositores. Como por ejemplo el "carnet de la patria", que según investigaciones de diferentes medios integra información procedente de numerosas instituciones públicas (Registro Electoral, oficina de impuestos), así como datos sobre la titularidad de cuentas en bancos del Estado, cuentas en redes sociales e información sobre afiliación política.

(*) https://www.connectas.org/especiales/venezuela-alianza-fallida-china/
(**) https://www.bbc.com/mundo/articles/cewlv9xx0evo

El papel de Rusia

A mediados del 2000 y durante el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela se convirtió en el principal comprador de armamento ruso en América Latina. El grueso de estas compras se produjo entre 2005 y 2013. Para ese año ya se habían cumplido contratos militares por 11 mil millones de dólares y estaban a punto de concluirse otros por 2 mil millones, de acuerdo a la información publicada por la corporación estatal rusa Rostec.

La cooperación económica se extendió también al ámbito agroindustrial y farmacéutico, con acuerdos para el suministro de trigo y medicamentos en respuesta a la crisis humanitaria venezolana. Las empresas rusas encontraron en Venezuela un mercado para estos productos, mitigando los efectos de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a ambos países.

En lo que respecta a la materia prima principal que nos atañe para este informe, el petróleo, Rusia ha ayudado a PDVSA a mantener su producción de crudo a flote en medio de las sanciones, pero esta ayuda no ha sido gratuita ni con fines humanitarios.

En el 2014, cuando la economía venezolana comenzaba a estancarse, la petrolera estatal rusa Rosneft le dio a PDVSA préstamos y créditos por unos 6.500 millones de dólares, y, dos años más tarde, le entregó otros 1.500 millones. El gobierno de Venezuela se comprometía a saldar la deuda con el envío de crudo a Rusia, además le ofreció como garantía el 49,9% de Citgo, la empresa refinadora de petróleo que tiene Venezuela en Estados Unidos.

Tras las sanciones impuestas por Washington contra el gobierno de Maduro en 2019, Rosneft se convirtió en uno de los principales canales de comercialización del sancionado crudo venezolano: hasta un 30% (agencia Reuters).

Por estas operaciones, una sucursal de Rosneft que mantenía las operaciones en el extranjero fue sancionada por EE.UU. El 28 marzo de 2020 la petrolera anuncia el cese de actividad en Venezuela. Ese mismo día, la Agencia de Patrimonio Federal (Rosimuschestvo) rusa creó la empresa petrolera Roszarubezhneft, que al mes siguiente fue adquirida por la empresa rusa de seguridad privada RN-Okhrana-Ryazan. Rosneft traspasó sus operaciones a la recién creada Roszarubezhneft para evitar las sanciones y poder seguir operando en Venezuela.

Las cinco empresas mixtas en Venezuela en donde participa Roszarubezhneft producen unos 125.000 barriles de crudo por día (bpd), y emplea alrededor de 200 trabajadores. Lo que equivale al 16% de los 788.000 bpd que produjo Venezuela en febrero del 2022. De este modo, Putin, se consolida como socio menor de Chevron en la explotación de Venezuela, al igual que las empresas chinas, que actúan como socias menores de EE.UU. cooperando en la depredación de PDVSA y los recursos naturales de Venezuela.

En el 2020, según datos de la OPEP, Venezuela producía 660.000 barriles de petróleo diarios. De ese total PDVSA apenas producía con esfuerzo propio 105.000 barriles. El resto de los barriles salían de los contratos de servicios, 106.800 y de las empresas mixtas, 448.000 barriles diarios.

Tanto en los contratos de servicios como en las empresas mixtas PDVSA es socia mayoritaria. Pero son las empresas privadas, como Rosneft y Chevron, las que llevaban —y llevan actualmente— las operaciones, ya que la menguada PDVSA dejó en manos de las multinacionales toda la actividad. Para el 2020 PDVSA aportaba solo el 16% de la producción y las multinacionales y los contratos de servicios el 84%.

¡Abajo el acuerdo Trump-Maduro!

Es por todo esto que hemos explicado que el acuerdo, sellado entre Grenell y Maduro el 31 de enero de 2025, busca sostener a la dictadura. Donald Trump no actúa solamente defendiendo los negocios de Chevron y de la burguesía texana, actúa, principalmente, como jefe del capitalismo mundial, defendiendo las ganancias e intereses de todas las empresas y grupos capitalistas que intervienen en Venezuela. Sin duda, Putin y Xi Jinping darán su beneplácito por este acuerdo que permite a los vampiros capitalistas continuar succionando las riquezas venezolanas.

Tenemos por delante la tarea de enfrentar este acuerdo. Lo primero que debemos hacer es denunciarlo ante todos los foros, asambleas y eventos de la clase trabajadora y el pueblo de Venezuela y el mundo. Derrotar este acuerdo no solo implica la movilización y la lucha contra la dictadura, tarea que venimos llevando adelante desde siempre, sino también, darle la espalda a las direcciones sociales, sindicales y populares que han sido apoyo del chavismo. Estas organizaciones, muchas de las cuales se reclaman "socialistas", "antiimperialistas" o "marxistas", hacen silencio sobre el acuerdo Trump-Maduro. No pueden denunciarlo porque si lo hacen quedan expuestos como traidores que le han mentido al pueblo durante todos estos años.

Desde La Marx-Venezuela y La Marx Internacional convocamos a reagrupar a los revolucionarios con el objetivo de enfrentar el acuerdo Trump-Maduro, denunciarlo y comenzar a construir una organización revolucionaria capaz de llevar la lucha contra la dictadura hasta el final. Los trabajadores y el pueblo de Venezuela junto a los pueblos y trabajadores de todo el mundo debemos rechazar este acuerdo entreguista e imperialista hecho por la dictadura en beneficio de los dueños millonarios de las multinacionales imperialistas, en esa lucha iremos construyendo una nueva dirección de los trabajadores y el pueblo que luche por imponer un gobierno obrero y popular en Venezuela como parte de la lucha por el socialismo global.

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